La normativa reguladora de los servicios prestados por el Ayuntamiento se encuentra, entre otros, en los siguientes textos:

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (CE)

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), al Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (RRP) y al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RPS)

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF)

Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (REF)

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)

Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo, el 15 de octubre de 1985, ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988 (CEAL)

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)

Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL)

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL)

Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales De Castilla-La Mancha

Ley 2/1991, de 14 de marzo, de coordinación de Diputaciones

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales